A finales del siglo XIX y principios del XX, la protección de la familia apenas existía en la legislación laboral española. Fue la creciente conciencia social, impulsada por movimientos obreros y la aparición de la seguridad social en 1947, la que introdujo la primera forma de licencia remunerada para madres, limitada a unas pocas semanas tras el parto y sin una definición clara de su duración.
Durante la década de 1980, la integración de España en la Comunidad Económica Europea obligó a armonizar los derechos laborales, ampliando la licencia por nacimiento a 12 semanas y reconociendo la licencia por adopción. Las reformas de 1995 y 2007 incorporaron la paternidad y la ampliación gradual a 16 semanas, reflejando la evolución de la normativa europea y las nuevas demandas de igualdad de género.